jueves, 12 de marzo de 2009

¿ Quiénes somos ?


El Centro es creado por un conjunto de militantes, investigadores, activistas de derechos humanos, estudiantes y ex guerrilleros que participaron en la insurgencia armada de la década de los setenta del siglo pasado, que se reunieron con el objetivo de perpetuar la memoria histórica de las luchas populares, individuos y movimientos, para que, a través de ella, contribuir a trazar el futuro para liberar la patria mexicana de toda explotación y opresión del mundo del trabajo.

En la fotografía se observa el momento en que es detenido desaparecido el Sr. Mayoral Jáuregui José Reyes, empleado estatal, de 60 años de edad, el 23 de agosto de 1977, en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco por agentes de la Brigada Blanca, Dirección Federal de Seguridad y Policía Judicial de Jalisco. A pesar de que se identificaron a los participantes, ninguna autoridad estatal y/o federal hasta la fecha se ha responsabilizado de este crimen de lesa humanidad. La violación de derechos humanos básicos, la utilización sistemática de la tortura, la desaparición forzada, la ejecución extrajudicial, criminalizar las luchas sociales y populares, mantener en prisión por consigna a luchadores sociales, jueces y ministerios públicos corruptos y la impunidad se mantienen hasta la fecha.

El Estado mexicano y su élite que nos mal gobierna siembra la confusión y oculta con su ideología de "guerra sucia" su verdadero papel dentro de ella. En el pasado y hoy en día ha aplicado una política terrorista, basada en una doctrina de contrainsurgencia que ve en los grupos disidentes y cuestionadores de sus malos manejos y entrega de las riquezas materiales, espirituales y culturales de nuestra Patria al imperialismo internacional, un enemigo a destruir por cualquier tipo de instrumento, sin importar los costos sociales. No fueron unos cuantos funcionarios públicos los que actuaron por su cuenta violando el supuesto "estado de derecho" vigente; desde los altos puestos de la jerarquía gubernamental, comenzando desde el Presidente hasta terminar por el agente judicial o militar, los ministerios públicos, jueces, hasta los locutores, periodistas, cadenas de televisión, radio y de periódicos, se han encargado de ocultar y tergiversar la historia. De tanto repetir la mentira se han creído ser los depositarios de la verdad. Han ocultado como se replegaron todos ellos ante la forma desproporcionada en que se combatió la insurgencia armada; acallaron sus voces y felicitaron a los torturadores y asesinos, no sólo por la utilización de centenares de soldados y agentes en detenciones y enfrentamientos contra unos cuantos que finalmente morían con las armas en la mano. Ocultaron hechos, como la caída de decenas de combatientes y luchadores sociales en manos de torturadores, de por lo menos de un centenar de combatientes presentados como muertos en combate, cuando las pruebas existentes y los testimonios de familiares, amigos y pueblo en general relatan la forma en que fueron detenidos con vida y sometidos a brutales tormentos inhumanos hasta arrancarles la vida. Han pretendido ocultar que ricos inversionistas, banqueros y empresarios entregaron recompensas monetarias para eliminar a los rebeldes. Son los mismos que prestaron sus ranchos para que en ellos, con toda impunidad, los agentes civiles y militares torturaran hasta donde quisieron, incluso durante semanas, a los detenidos antes de ser trasladados a bases militares y centros de detención clandestinos.

La responsabilidad no es de unos cuantos, es de todo el Estado. Es necesario que luchemos por limitar el autoritarismo represivo del Estado, impulsando las reformas jurídicas necesarias para eliminar de la educación militar la doctrina contrainsurgente norteamericana, para que nuestra fuerzas armadas vuelvan a sus raíces cívico militares revolucionarias y populares propia de nuestro pasado. Las reformas para hacer que los militares vuelvan a sus cuarteles y dejen de hacer tareas civiles de las cuales es responsabilidad del Estado. Para que los cuarteles dejen de ser prisiones militares clandestinas y centros de tortura, desaparición y ejecución extrajudicial.

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